Toda la discusión sobre derechos de autor, derechos intelectuales y marcas, patentes o formas de invención calificadas, debe partir de que la reproducción no autorizada, o ilegal, es una industria paralela que mueve millones de millones en el mundo y, más modestamente en nuestro país, constituye una retribución ilegal para quienes se dedican al negocio.
Desde 1975 las leyes de autor han sufrido modificaciones, anexos, reglamentos, todo enmarcado dentro de la propiedad intelectual y la concepción moderna sobre el asunto que, de acuerdo a los intereses comerciales, mueve al mundo en los campos sutiles de la ilegalidad legalizada, u oculta, bajo el amparo de expertos en buscarle resquicios, para así transgredir los límites que imponen las supuestas leyes.
Es cierto que las fotocopias son parte de esto, pero es solo un pequeño asunto, al margen de los grandes negociados de la reproducción ilegal, que, en el caso de Europa, y recientemente fue sujeto de debate judicial, grandes industrias recurren a la falsificación de productos propios para así competir con el mercado ilícito, el cual adquiere, en el caso de ropa, los cigarrillos y licores, proporciones descomunales. Cualquier pena que se dicte es pequeña, pero no debe abarcar solo al consumidor, que necesita las reproducciones, sino a las empresas que impulsan el fotocopiado, verdaderas multinacionales del engaño, o negocios limitados, en su extensión, que sin embargo producen millones de copias ilegales que inundan los mercados.
Hay editores que se han hecho multimillonarios con la reproducción ilegal de libros, que muchas veces salen al mercado antes que las obras originales, o por la novedad, ya vieja, de las clonaciones casi perfectas, superiores a los experimentos con animales, humanos o vegetales, según se dice, humorísticamente, en los linderos de la industria editorial.
De todo este proceso el autor no recibe ni un solo cinco y se ve amurallado de dudas, sobre cuál es su libro auténtico y cuál la copia, excelente, que está a la venta para que el público pague los caprichos acostumbrados en este tipo de libros, al convertirse en novedades de un pingüe negocio.
Pocos son los autores que tienen asesoría legal sobre estos asuntos, por lo cuantioso de los honorarios. Es frecuente ver la venta de fotocopias de los textos de uso obligatorio en las escuelas y colegios, hechas al margen de las editoriales que han invertido recursos en las ediciones y que hacen ricos a los negociantes que las falsifican, esa es la palabra, y las venden a los alumnos. O educadores que clonan un libro, o varios, de su propiedad, para venderlo a sus alumnos a un precio fijado por ellos, con la consecuente ganancia en el negocio. Dada la perfección de las falsificaciones, muchas veces no puede establecerse cuál obra es la original y cuál la ilegal. Lo mismo sucede en el caso de la música, el cine, los espectáculos o los temas de interés general, los cuales ingresan en el sistema de la piratería, que incluye al que falsifica la obra, la fotocopiadora que reproduce las portadas, el intermediario que compra el producto y el sistema de vendedores callejeros, que se ganan una exigua ganancia y a veces sufren el decomiso de la mercadería.
En una reciente feria oímos decir que los libros originales llenaban los estantes de las librerías, en Bogotá o México, sin compradores, mientras las copias se vendían en las esquinas, con un 25% de descuento del precio de venta al público. La piratería es una industria paralela a la legal que produce réditos monstruosos -unos 20 mil millones de dólares a nivel global- existiendo países para los cuales las ventas piratas pasan a engrosar las grandes entradas monetarias de sus exportaciones, dándose el caso de naciones que se han convertido en paraísos fiscales para este tipo de actividades, convirtiéndose la falsificación en un negocio rentable y exportable, dentro de la economía de mercado llevada al delirio.
Me parece que la reforma propuesta, o impuesta, no busca penalizar al usuario sino a las grandes empresas paralelas existentes que, incluso algunas veces, sabiendo que la obra será luego usada, hacen sobretirajes de la falsificación para inundar al mercado.
Como en todo lo que se refiere al lucro, como institución, existe una doble moral que impera en estos asuntos, buscando igualar las ganancias, para así sacar la rentabilidad de lo ilegal establecido como norma mercantil.
La naturaleza jurídica del derecho de autor ha sido dejada de lado para solo proteger a las grandes empresas editoriales, que muchas veces incumplen el pago de regalías producto del esfuerzo intelectual, jineteando éstas para sus propios intereses, dejando de lado el derecho moral del autor, en sus diferentes categorías. Pareciera que ahora se concibe el derecho de autor, en las nuevas tecnologías, como propiedad de grandes empresas, cuyos derechos están por encima de las reproducciones permitidas, sobre todo en patentes y marcas, más la gran polémica sobre la propiedad intelectual de la vida, en lo referido a patentes sobre material humano, o la propiedad intelectual sobre plantas, algo tan antiguo que nos remite a 1961, en el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, donde todavía no se ha aclarado siquiera el término de “variedad”. Cualquier multa, o penalización, de la reproducción ilegal debe tomar en cuanta los cuantiosos recursos financieros que se mueven en estos negocios. Para estudiar todo esto hay que referirse a la Convención Universal de Derechos de Autor (Ginebra, 1952) y al acuerdo Trips del Gatt (1993) que marca el interés de las grandes transnacionales, y posteriormente la OMC, para establecer los niveles máximos, o mínimos, de protección a los aspectos de la propiedad intelectual entre los países.
Encarcelar al usuario, no sacar fotocopias, es ridículo y no debe ser éste el propósito de reformas a la Ley de Derechos de Auto. Pero penalizar, sí, a las empresas paralelas que mueven millones con el negocio de la reproducción ilegal es necesario, pues no pagan derechos a los autores, ni a las empresas editoras, en ese comercio, nacional transfronterizo, de productos editoriales o de marca falsificados, o a la piratería de obras protegidas por los respectivos derechos de autor. Esto debe clarificarse con la única palabra que le corresponde: robo organizado.
Y de ese comercio se han hecho, en nuestro país, verdaderas fortunas que gozan de la impunidad generalizada para este tipo de negocios, en el cual las pavas siempre le tiran a las escopetas.
(La Prensa Libre)
Alfonso Chase | 17 de Diciembre 2007
0 Comentarios