¿Qué clase de apertura en los mercados de telecomunicaciones es la que se impulsará en Costa Rica? Esta es la pregunta clave en la discusión sobre el rompimiento del monopolio público como resultado de la aprobación del TLC. Y es que hay aperturas de aperturas: algunas son esfuerzos mal disfrazados para que grupos empresariales conectados con políticos locales se monten en la burra, a lo facilito. Otras pueden generar un vibrante mercado de competencia y desarrollo tecnológico. Algunas pueden querer lo anterior, pero cometen serios errores en el diseño institucional que, en la práctica, generan profundas distorsiones. Como el diablo está en los detalles y no en la prédica, conviene poner mucha atención a la deliberación legislativa sobre el tema.
Una apertura de las telecomunicaciones involucra una gran cantidad de aspectos jurídicos y técnicos. Espero que los que saben intervengan para que los diputados no metan la pata. Pero la apertura es, sobre todo, un asunto político. Se trata de diseñar y poner en marcha una reforma del Estado en un sector clave para el país. Esta reforma debe forjar equilibrios entre el poder político, los estímulos a mercados competitivos y la innovación tecnológica, la regulación eficiente, las barreras para evitar la colusión de intereses, el robustecimiento del ICE y la mejora de la capacidad pública para garantizar la solidaridad y universalidad de los servicios.
Nuestro Parlamento conoce dos proyectos de ley de reforma al sector de telecomunicaciones. La Aresep ha circulado un documento donde analiza sus ventajas y desventajas. Concurro con su señalamiento acerca del error estratégico que significa la pretensión de que una oscura dependencia de un débil ministerio del Poder Ejecutivo sea la que recomiende –y que este Poder apruebe– las concesiones de telecomunicaciones. O sea, el Gobierno propone en este aspecto adaptar la “exitosísima” experiencia del MOPT con las concesiones de buses y taxis como modelo para las telecomunicaciones.
Se aduce por parte del PLN que ellos buscan seguridad jurídica y siguen las recomendaciones de la Procuraduría General de la República. (La PGR emitió una opinión no vinculante diciendo que las concesiones deben quedar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo –cosa no cierta, por cierto–). No es bueno que abogados capturen el diseño de una reforma del Estado. Peor es encargar a políticos la administración de quiénes entran, y cómo entran, a un mercado pues creamos un severo riesgo moral: se pide al que fija las reglas que diga quién juega el partido. Separemos aguas: bien que la política fije prioridades, pero la regulación de mercado es harina de otro costal.
(La Nación)
Jorge Vargas Cullel | 1 de Noviembre 2007
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