• El referendo del 7 de octubre obliga a la Asamblea a tramitar las leyes necesarias, pero no la autoriza para ir más allá de lo requerido
• Aprovechar el trámite de las leyes de implementación para introducir reformas adicionales pone en peligro la aprobación de las normas realmente necesarias
La agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) no debe convertirse en un caballo de Troya para efectuar reformas que excedan los compromisos adquiridos en la negociación.
El resultado del referendo del 7 de octubre obliga a la Asamblea Legislativa a tramitar las leyes necesarias para dar vigencia al Tratado, pero no la autoriza para ir más allá de lo requerido, sea con el fin de complacer aspiraciones de grupos interesados o sea con el propósito de efectuar cambios, quizá deseables, que no fueron sometidos a discusión durante el proceso de referendo.
Este diario no tuvo reparos en expresar su acuerdo con el TLC y podría simpatizar con algunas reformas adicionales, pero simpatiza más con la lealtad y buena fe características de la mejor práctica política. Defendimos un tratado que prevé una apertura limitada y regulada de las telecomunicaciones, no la abolición del monopolio estatal de la telefonía fija, como pretende una moción presentada por miembros del bloque legislativo favorable al TLC.
Defendimos una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual ajustada a la letra del TLC y suficiente para cumplir los compromisos adquiridos, no más. El electorado la aprobó en las urnas, pero el Ministerio de Comercio Exterior envió al Congreso un proyecto draconiano, cuyas disposiciones exceden en mucho lo necesario.
La oposición a estos excesos es justa, no solo por la inconveniencia de algunas de las nuevas propuestas, sino porque todas rebasan el mandato ciudadano del 7 de octubre. Si entre las nuevas iniciativas hay alguna deseable, debe dársele, en el futuro, el trámite usual previsto en las leyes, pero tramitarlas sin mayor discusión, al impulso de la urgencia impuesta por las circunstancias del TLC, es inaceptable.
Quienes ven en las leyes de implementación del TLC una oportunidad para introducir reformas adicionales, ponen en peligro la aprobación de las normas realmente necesarias y adquieren una grave responsabilidad histórica. Los plazos son apremiantes, pero están a tiempo de rectificar para conducir al país, sin sobresaltos, hacia su deseada inserción en el comercio internacional.
La experiencia de la Concertación Nacional, promovida por el Poder Ejecutivo a finales de la década pasada, señala con claridad los riesgos de extralimitarse en la ejecución de acuerdos básicos conseguidos mediante la práctica democrática. En aquella oportunidad, el diálogo produjo amplios consensos que encaminaban al país hacia la resolución exitosa de problemas urgentes, incluido el rezago en materia de telecomunicaciones. A la hora de concretar los acuerdos, hubo excesos que desprestigiaron el proceso y dieron al traste con las oportunidades creadas. Debemos aprender de esa experiencia.
El país requiere reformas en muchos ámbitos, incluyendo las telecomunicaciones, la estructura tributaria, el funcionamiento del Estado y los servicios portuarios, para citar una corta lista de ejemplos, pero es imperativo discernir entre los ajustes indispensables en esta coyuntura y otros, como los mencionados, cuya discusión exige un ambiente más reposado.
En esa labor de discernimiento, el Poder Ejecutivo tiene un papel preponderante e irrenunciable. El liderazgo de la Casa Presidencial puede perder legitimidad si no incluye la función de velar por la estricta correspondencia entre los proyectos de ley y el texto del TLC. Tampoco hay margen para que el Ejecutivo cometa errores, como la inserción en la corriente legislativa del Tratado sobre el Derecho de Marcas con una página de menos o la presentación incompleta, a estas alturas, de la Ley de Propiedad Intelectual.
Llegar al punto en que estamos costó al país un esfuerzo descomunal. La puesta en vigencia del TLC es demasiado importante para asumir con ella riesgos innecesarios.
La relevancia del Tratado para el futuro del país y la cuota de sacrificio invertida hasta la fecha exigen una tramitación rigurosa de la agenda de implementación y el destierro definitivo de cualquier maniobra evocadora de Troya.
(La Nación)
CRITICAN LEY DE TELECOMUNICACIONES POR IR MÁS ALLÁ DE TLC
SAN JOSÉ - Las cúpulas empresariales e industriales de Costa Rica, dos de los grandes defensores del Tratado de Libre Comercio con EEEU, criticaron hoy la Ley General de Telecomunicaciones que se estudia en el Congreso, porque va “más allá del TLC ”.
La reacción de estos sectores se presenta tras conocer que un grupo de diputados oficialistas y otros que apoyan el tratado, introdujo esta semana una moción al proyecto de ley, con la que pretenden abrir a la competencia la telefonía fija.
En el tratado comercial, Costa Rica se comprometió a abrir únicamente la telefonía móvil y los servicios de Internet, para lo cual debió elaborar la Ley General de Telecomunicaciones.
“La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) mantiene firme su posición de apoyar una apertura gradual, selectiva y regulada en los servicios de telecomunicaciones, sin atropellos y respetando los límites de la consulta popular del pasado 7 de octubre”, indica un comunicado de la CICR.
El pasado 7 de octubre los costarricenses ratificaron el TLC en un referéndum, pero el tratado no puede entrar en vigencia hasta que se apruebe un paquete de 12 leyes llamado agenda de implementación, donde se incluye la iniciativa de telecomunicaciones.
“El pasado 7 de octubre, los costarricenses dijimos sí al TLC, pero al TLC que conocemos, el que se negoció”, afirmó la CICR.
El presidente de la Cámara, Jack Liberman, explicó que “ir más allá de lo exigido por el TLC sería una falta de respeto a todos aquellos que, conscientes de la importancia de contar con esta herramienta de progreso, votamos afirmativamente la aprobación de este acuerdo comercial”.
En una misma línea se pronunció la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) que en un comunicado indicó que la agenda de implementación “debe contener únicamente las obligaciones negociadas en el acuerdo comercial”.
“El sector empresarial considera inconveniente introducir aspectos en los proyectos de la agenda de implementación que van más allá de lo que se negoció en el acuerdo comercial”, aseguró.
Las telecomunicaciones están en manos del monopolio estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que también se encarga de la electricidad.
“En el caso de la apertura del mercado de telecomunicaciones el sector privado propuso que esta fuera gradual, selectiva y regulada en beneficio de los consumidores y del buen accionar del ICE y en este sentido no apoya la ampliación de la ley a la telefonía fija”, agregó UCCAEP.
La Ley General de Telecomunicaciones es una de las más polémicas de la agenda de implementación, y enfrenta un fuerte rechazo en el Congreso por parte de los partidos que no apoyan el TLC, ya que consideran que las tarifas aumentarán, se debilitará el ICE y las empresas trasnacionales serán las más beneficiadas.
El TLC, firmado por Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos, ya está vigente en todos los países signatarios, con excepción de Costa Rica.
(ACAN-EFE)
El Editor | 29 de Noviembre 2007
0 Comentarios