¿Cuándo nos independizamos?

Pregunta con toda razón el muy versado y distinguido historiador don Juan Rafael Quesada: ¿cuál acta de Independencia?

Con su respuesta, aborda el siempre espinoso tema de la Independencia de Costa Rica. Recala sobre el acta del 29 de octubre de 1821; referente a sus alcances, en cuanto nos desligaba del Imperio español pero nos adhería al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide. No era, pues, una real Independencia, pues nos colocaba en una nueva etapa de sujeción sin soberanía plena.

Debemos situarnos en el contexto de las circunstancias que rodeaban la situación creada para nuestros antecesores: el correo que anunció los hechos acaecidos en Guatemala, matizados por el “Acta de los nublados” de Nicaragua, pusieron al descubierto el gran impacto en los pobladores de nuestro país. Éramos la más pobre provincia del continente iberoamericano. Todo era impensado, pues nos habíamos mantenido ajenos a las luchas sangrientas que, en el norte y en el sur, se desarrollaban por liberarnos de la férula de los monarcas españoles.

En verdad, el ejército español capituló definitivamente el 9 de diciembre de 1824, después de la batalla de Ayacucho, victoria indiscutible de las armas republicanas, bajo del comando de Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal. Hubo todavía que esperar dos años más con la entrega de las fortalezas de Callao en Perú, para considerar concluida la lucha iniciada en los pueblos de América Latina, después de la invasión a España por el ejército napoleónico en 1808.

Don Juan Manuel de Cañas, último gobernador de Costa Rica, enfrentó, motivado por sus ideas monárquicas, y como representante de la Corona Española, la resistencia al nuevo orden. Ante la perspectiva de una negativa de su parte, y para que aceptara los hechos consumados, el 29 de octubre, un golpe de cuartel encabezado por don José Santos Lombardo y otros vecinos de Cartago, a las tres de la mañana se apoderó de las armas, y luego se convocó a un Cabildo abierto, que produjo el acta de ese día, tan traída y llevada durante muchos años. El señor Cañas fue conminado a presentarse a las deliberaciones, lo que hizo, posiblemente, a regañadientes. Concluidas estas, en efecto, el Acta fue firmada por el gobernador Cañas, y además, por representantes de Cartago, San José, Alajuela, Heredia, Ujarrás, Barba, Bagaces. Y con su firma la aceptaron, don Gregorio José Ramírez y el Bachiller Rafael Francisco Osejo, ambos de gran participación en el año 1823, durante los sucesos de la batalla de Las Lagunas en Ochomogo, que reafirmó el republicanismo de San José y Alajuela frente a los representantes imperialistas de Cartago. Se acomodaron a las circunstancias, dejando de lado, en ese momento, sus propias convicciones republicanas.

Todo lo anterior explica la orfandad, todos los titubeos que se vivían en ese período álgido de nuestra etapa histórica, después de conocidos los acuerdos de Guatemala y Nicaragua. Y que a lo largo de los siguientes 27 años perduró sobre nuestra orientación política. Porque fuimos parte integrante del sistema imperial de Iturbide; pretendimos, aunque fugazmente, adherirnos a la Gran Colombia, visión republicana del genio de Simón Bolívar, nos integramos a la Federación Centroamericana, cuyos logros fueron escasos y funestos para Costa Rica, de allí nuestro trajinar independiente, pero de fraterna convivencia con los pueblos de Centro América – tuvimos que pagar parte de la deuda de la Federación sin que nos hubiera tocado ni un quinto, ante la amenaza de las cañoneras de la Corona Inglesa; soportamos la usurpación del Bocas del Toro y las islas aledañas, territorio que desde 1574, durante el reinado de Felipe II nos pertenecía, hasta la línea del Escudo de Veraguas. Fuerzas provenientes de Nueva Granada (hoy Colombia), bajo la Presidencia de Francisco de Paula Santander, consumaron el despojo, ante la impasibilidad de las autoridades federales, enfrentadas a luchas domésticas, las mismas que hicieron inviable la Unión Centroamericana – esa orfandad y destino incierto de la Federación, nos llevó en 1829 a tener la primera experiencia de gobernarnos según nuestra voluntad, al aprobar la representación legislativa la ley Aprilia, en el rescate, aunque provisional de la soberanía; soberanía que alcanzó plenitud por Decreto N° 95, de la Asamblea Constituyente de 1838, sancionado el 15 de noviembre de 1838, por el Jefe del Estado don Braulio Carrillo, aunque trunca con la invasión morazánica; y fue con la actuación del Congreso de Diputados, arrogándose funciones de Constituyente, luego de peticiones enviadas por distintas Municipalidades del país, la primera la de San José, donde ésta pidió el 24 de julio de 1848, “proclamar la absoluta independencia y soberanía, bajo el nombre de República de Costa Rica…”, y por esta vía, reformó la Carta Magna del año anterior, donde, de manera precisa, se dijo: “Artículo 2. La República de Costa Rica es soberana, libre e independiente”.

Esta Constitución se aprobó el 22 de noviembre de 1848, durante el primer gobierno de don José María Castro, y por Decreto del Congreso número 164 de 5 de diciembre de ese año, se dispuso que el 28 de diciembre de 1848, se publicara y jurara la nueva Constitución. Aparte de los reparos, muchos con fundamento, vertidos por especialistas en esa delicada materia, sobre las eventuales trasgresiones de procedimiento para su formación, la Constitución tuvo vigencia por once años. Fue el momento histórico de asumir nuestros destinos de pueblo libre, sin otra limitación que los mandatos constitucionales y legales en la convivencia nacional, afrontando los avatares de la vida en común.

Por lo tanto, desligada definitivamente de la República Federal y de cualquier otro poder extranjero, pudimos hablar de verdadera Independencia. Ésta fue reafirmada poco después, con las armas en manos de un ejército de campesinos, durante el gobierno de don Juan Rafael Mora, en espléndidas jornadas victoriosas, contra el esclavismo depredador de los filibusteros de William Walker.

La pregunta que nos debemos hacer, en estos primeros años del siglo XXI, vencidos por el tiempo los sucesos acaecidos en la consolidación de nuestra Independencia, es la siguiente: ¿Hasta dónde se extiende ahora la Independencia de Costa Rica, en esta época de los pactos y tratados internacionales, que acongojan y limitan el accionar de nuestras instituciones? ¿Acaso la actual coyuntura que vivimos, debería obligarnos transitar por un desarrollo armónico, de comercio equitativo y justo, con naciones respetuosas de la vigencia del derecho internacional, para que podamos caminar por la senda de progreso, a fin de heredar a las nuevas generaciones, un futuro promisorio en una Patria que siga siendo nuestra? ¿Será oportuno superar las divisiones de segregacionistas e integristas, batalla campal de nuestros antepasados, cambiarlas por una visión fraterna, de colaboración por encima de las fronteras, en una respetuosa unión de propósitos que hagan valederos los principios de los Próceres de las luchas por la Libertad y la Justicia, durante los azarosos tiempos de la Independencia latinoamericana? ¿De no hacerlo, estamos echando por la borda, todo ese laborioso trabajo de muchas generaciones en un “suicidio colectivo”?


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