Hoy se realiza el referendo para decidir acerca del rechazo o aprobación del TLC, se puede decir que las cartas de naipe están tiradas, con un balance momentáneo de empate en las intenciones de voto, más una gran cantidad de ciudadanos indecisos, quienes muy posiblemente definirán la elección. Asimismo, he leído los planteamientos de ambos bandos y, sobre todo en los debates televisivos y en las universidades, escuchado abundantes argumentos.
No obstante, en mi opinión, hay un argumento de un peso tan decisivo y hasta definitorio de nuestro futuro como república, que debiera hacernos reflexionar para tomar una decisión patriótica, al margen de nuestras posturas políticas o ideológicas de hoy -incluso coyunturales, pues lo esencial es esta patria que compartimos y amamos todos-, ya que alude a algo tan serio como nuestra soberanía. Y no hablo de soberanía en sentido iluso o romántico, sino como un concepto y una práctica de vida ciudadana y de identidad nacional, así como de las garantías sustentadas en los entes constitucionales que nos permiten ejercerla de manera cotidiana.
Se trata de lo siguiente. Como consta en el capítulo 10 del TLC -ampliamente debatido-, los inversionistas extranjeros tendrían pleno derecho a demandar al Estado costarricense, si alguna decisión nuestra afectara sus inversiones y ganancias. Pero, paradójicamente, el Estado no podría demandarlos a ellos. Y, peor aún, el litigio no tendría lugar en nuestros tribunales, sino fuera del país, a través de una instancia llamada el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Este es un caso clarísimo de menoscabo de nuestra soberanía jurídica, como lo han sustentado varios abogados especializados en la materia.
Esto no es especulación, pues ya lo han vivido varios países, como ocurrió con las demandas de las empresas estadounidenses Ethyl Corp. y S.D. Myers contra Canadá, y de Metalclad contra México, así como de la canadiense Methanex Corp. contra los EE.UU. Y, con poco tiempo de haber suscrito el TLC, ya Guatemala enfrenta una de la Railroad Development Corp., por 65 millones de dólares.
He escuchado a los promotores del sí minimizar las cosas, al decir que no debemos preocuparnos, pues esas son normas comunes en los tratados internacionales y que con todo tratado se pierde un poco de soberanía, que no serían muchas las demandas que habría y, además, que con los beneficios económicos derivados del TLC se pagarían de sobra cualesquiera multas.
Pero creo que estos argumentos más bien son preocupantes, pues con unos pocos casos muy cuantiosos se podría causar un grave daño al erario nacional; de hecho, la empresa petrolera Harken aún insiste en demandarnos por ¡57 mil millones de dólares!, cifra impagable por nuestro país, muchas veces superior al presupuesto nacional. Además, los ingresos de los que hablan no nutrirían las arcas del Estado (salvo por el muy cuestionable “efecto de rebalse”), sino más bien las cuentas bancarias de los sectores que ellos llaman “ganadores”, sobre todo, como serían los exportadores de unos pocos rubros (como piña, atún y caña de azúcar para producir etanol), más los socios locales de grandes compañías farmacéuticas, agroquímicas, de telecomunicaciones y de seguros.
Es decir, de aprobarse el TLC, nuestro país quedaría expuesto a graves demandas, todo por apostar a que sectores ya de por sí solventes lucren aún más. ¿No le parece, compatriota, que es demasiado el riesgo al que se expone nuestra amada Costa Rica? Porque lo cierto es que esta patria pertenece a todos nosotros y no solamente a tan poderosos sectores y a quienes los representan en el gobierno.
Luko Hilje | 6 de Octubre 2007
0 Comentarios