En estos tiempos del TLC todo, absolutamente todo, es objeto de discusiones, las cuales a veces se tornan excesiva e injustificadamente acaloradas. Tanto desde el Sí como desde el No se lanzan incesantes ataques unos contra otros. Y aunque algunas denuncias son fundadas, muchísimas no lo son. En particular, me preocupa la hostilidad mostrada en lo personal hacia los Magistrados don Luis Paulino Mora y don Luis Antonio Sobrado, respectivamente Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.
De previo a precisar los motivos de mi preocupación, considero oportuno aclarar dos puntos. El primero es que el 7 de octubre próximo voy a votar No. Mi decisión se basa tanto en razones como en pasiones. Dentro de las primeras puedo citar, entre muchas, que no conviene un acuerdo comercial que nos arrastre a adherirnos a la UPOV, que no puede ser aquí considerado como tratado lo que en Estados Unidos no lo es y que a mi juicio resulta contrario a la Constitución que las leyes internas de implementación del TLC deban someterse a un proceso de “certificación” por una autoridad norteamericana para que el acuerdo surta eficacia. En cuanto a las segundas, puedo mencionar que estoy cansado de ver cómo unos poquitos se valen de la legislación para lograr beneficios para sí mismos y así acumular cantidades exageradas de riqueza; además, me es imposible creerle a la clase político-empresarial que gobierna Costa Rica los supuestos beneficios que generaría el TLC (como la creación de miles de nuevos trabajos o que los trabajadores podrán comprar automóviles BMW y motocicletas Honda para dejar el bus o la bicicleta), pues durante los veintiún años que llevan gobernando, sólo han repetido la eterna promesa de un mejor futuro para todos, pero en los hechos, han sido ellos los únicos que se han asegurado un mejor porvenir.
El segundo punto es que creo en la crítica de las instituciones. Me parece que en una democracia participativa es indispensable cuestionar las decisiones (administrativas, políticas y jurisdiccionales) que tomen los órganos del poder público. Asumir una posición sumisa ante la autoridad formal es tanto como negar la soberanía del pueblo y desistir del deber de pensar. En ese sentido, estimo válido (¡yo lo hago!) criticar con argumentos las decisiones que adopten la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier otro órgano del Estado.
Aclaro lo anterior para que luego no se me atribuya ser complaciente con el Sí, ni mucho menos estar “institucionalizado”. Paso ahora a explicar qué es lo que me tiene preocupado en relación con los ataques contra don Luis Paulino y don Luis Antonio.
Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia se le ha atribuido, sin fundamento alguno, ser “una pieza” de los Arias. Con esa premisa se le atacó por su voto en la consulta de constitucionalidad del TLC. Pero no se puede olvidar que el Derecho se basa en argumentos y que estos adquieren la fuerza que les otorga la autoridad formal de quien los emite. En ese sentido, la argumentación de don Luis Paulino es tan respetable como la de los académicos don Walter Antillón y don Luis Baudrit, pero la de aquel puede resultar vinculante en su condición de juez y la de estos no. Claro está que no comparto la decisión de la mayoría de la Sala en cuanto al fondo del asunto mencionado, pero no por ello voy a irme contra las personas que emitieron el fallo, sino que trataría de rebatir sus argumentos (ese, por cierto, es un análisis que está pendiente). Vean ustedes si el Derecho es argumentación, que (perdóneseme el atrevimiento) si a mí me hubiera correspondido votar ese caso, hubiera coincidido con don Luis Paulino en que la consulta era inadmisible por las mismas razones que él expresó en su voto salvado. Quienes hoy atacan en lo personal al Magistrado Mora deberían recordar que él votó contra la inconstitucionalidad de la reforma que prohibía la reelección presidencial. Hoy se le critica por no haberse excusado de conocer la consulta del TLC, ya que había sido Ministro de Justicia en la primera administración Arias, pero esa no es causal de excusa y, en todo caso, si alguien pensaba que él no debía conocer el caso ¿por qué no lo recusó? Últimamente se le acusa de haber estado presente en una reunión en Puriscal en la que Óscar Arias habló a favor del TLC. Hay que recordar que don Luis Paulino es -merecidamente- uno de los puriscaleños más reconocidos, de manera que su vínculo con la comunidad es muy cercano, por lo que me parece increíble que se sugiera que él debía despreciar a sus coterráneos en un acto convocado para celebrar una fiesta del cantón y así evitar que se le asociara con el discurso monotemático del Presidente de la República. Eso sería tanto como echarle la culpa a otros Magistrados que estuvieron presentes, por el hecho de que el Presidente se valió de la presentación de la política criminal del Gobierno para hablar a favor del TLC (¡ahora resulta que el acuerdo también es una herramienta contra el crimen!).
En lo que respecta a don Luis Antonio Sobrado, a él también se le reprocha la supuesta parcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones a favor del Gobierno. Pero quienes lo acusan de semejante cosa deberían recordar la histórica decisión de convocar el TLC a referéndum. ¿Acaso con esa resolución no se le privó al Ejecutivo de la oportunidad de apurar la aprobación del acuerdo por su “bloque” (me imagino que algunos tenían el brazo morado por la torcedura) de treinta y ocho Diputados? Eso por sí solo es suficiente para evidenciar que él no es “ficha” de los Arias, pues con esa decisión se devolvió la soberanía al pueblo y ha posibilitado a las partes debatir para convencer (oportunidad que muchos han desperdiciado). Aunque es cierto que ha habido alguna resolución desafortunada (la relativa a las Universidades públicas y su intervención en el proceso de referéndum), no podemos obviar que el Tribunal Supremo de Elecciones procedió a aclararla oficiosamente y corrigió los equívocos del primer fallo. Si don Luis Antonio fuese “pieza” del Ejecutivo, ¿creen ustedes que hubiera estado dispuesto a rectificar? Definitivamente no. Algunos le atribuyen al Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones no haber tomado medidas más severas contra los abusos discursivos del Presidente de la República o no haber procurado mayor equidad en la cobertura mediática de las campañas del Sí y del No. Se olvidan de que el ordenamiento jurídico-electoral costarricense no sólo es obsoleto, sino que además carece de medidas de coerción adecuadas para hacer valer sus disposiciones. Pasan por alto también el hecho de que ha sido precisamente don Luis Antonio una de las personas más críticas de esa situación y más interesadas en la aprobación de un nuevo Código Electoral para solventar muchos de esos problemas. Entonces, ¿por qué achacarle a él la responsabilidad por la ausencia de las herramientas que la clase político-empresarial no le ha querido dar?
Estoy de acuerdo con criticar las decisiones de los órganos públicos. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es cuestionar infundadamente a las personas y me preocupa que esto es lo que se ha dado en relación con los altos funcionarios que aquí menciono.
Don Luis Paulino y don Luis Antonio son juristas serios y distinguidos profesores en la Universidad de Costa Rica. Por supuesto que no por ello debemos estar siempre de acuerdo con lo que resuelven. Lo importante tener claro que sus posiciones, aunque en algún momento difieran de las nuestras, son producto de su pensamiento, no les son impuestas por otras personas ni tampoco las toman para quedar bien con nadie más que consigo mismos.
Intentemos conservar la calma y cesemos todos estos ataques infundados, pues con ellos poco favor le hacemos a la campaña del No y, principalmente, cometemos una injusticia con dos personas que han dado mucho por Costa Rica y también con las familias de las que (con el perdón de doña Nora y doña Carolina) ellos son cabeza.
David Fallas Redondo | 22 de Agosto 2007
2 Comentarios
¿Dónde vive don David Fallas? ¿Acaso en la luna?
David: me parece que tu comentario es claro. Lástima que en este país nuestras instituciones democráticas hayan sido mancilladas y el derecho se tenga como una mampara de politiquillos que se sirven de nuestra nación. No al TLC. Por nuestra independencia e institucionalidad jurídica.