Por David Fallas Redondo
En estos días, Costa Rica está dividida en tres: la del No, la del Sí y la harta de escuchar sobre el TLC con los Estados Unidos. La división descrita se constata con sólo poner atención a lo que sucede en cada una de nuestras familias (desde los abuelos hasta los nietos). Lo que antes era sólo una amenaza, hoy se ha hecho realidad: el país se dividió. Para unos, se trata de salvar lo que queda del Estado solidario. Para otros, lo que importa es consolidar el modelo económico que les ha permitido acumular tantísima riqueza. Para los demás, sólo interesa sobrevivir.
La situación ha llegado a tal punto que parece más una guerra civil que un proceso electoral. Todo, absolutamente todo es motivo de una batalla campal: lo que digan o dejen de decir el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional; lo que hagan o dejen de hacer el Gobierno, la oposición, el No y el Sí; lo que dijeron o dejaron de decir don Juan Rafael Mora, don José Figueres Ferrer, don Rafael Ángel Calderón Guarda, don Manuel Mora Valverde o Monseñor Víctor Manuel Sanabria; hasta la legitimidad para utilizar un hermosísimo corazón tricolor; y mejor me detengo aquí porque la lista es interminable. Por supuesto que algunos de los argumentos planteados en estas discusiones me parecen válidos, pero no es eso lo que ahora me interesa, sino sólo evidenciar la magnitud del conflicto que atravesamos.
En estas condiciones vamos para el 7 de octubre, en medio de un clima de hostilidad como nunca antes había visto. Pareciera que nos hemos olvidado –tanto los del Sí como los del No– que una vez cerrados los centros de votación, no nos queda más remedio a todos nosotros que seguir conviviendo con los demás, así hayan estado con el No, con el Sí o no hayan ido a votar. Y eso es independiente del resultado del referéndum.
Considero que a estas alturas ya no importa quién gane dicha elección, pues Costa Rica llegó a un punto en el que o frena y mete reversa o cae en el barranco. Me explico a continuación.
Conversando con unas amigas mías del Poder Judicial sobre la sentencia constitucional en relación con el TLC (la mayoría aún podemos dialogar), ellas me dijeron que ni la Sala IV ni ningún tribunal podría de un solo golpe cambiar veinte años de política exterior. Me parece que este argumento es revelador de por qué estamos hoy al borde de un conflicto social de proporciones inimaginables.
Y es que es cierto que desde la primera administración Arias, el Ejecutivo se puede reducir prácticamente a sólo cuatro Ministerios: COMEX, Hacienda, Seguridad y Presidencia. A través de ellos se han hecho los grandes negocios de algunos, se carga más a los asalariados y se otorgan “incentivos” a los exportadores, se controla a los descontentos y se tejen alianzas (o se doblan brazos, según el caso). Así, el Estado (incluyo aquí al Banco Central y su política cambiaria a favor de quienes ganan dólares) ha concentrado las políticas públicas en el favorecimiento del sector exportador y, so pretexto de los derechos del consumidor (que para mí son el mayor cuento que nos han metido), también nos ha dejado a merced de los comerciantes (incluyo aquí a los bancos, públicos y privados), que nos exprimen los bolsillos sin contemplación.
Lo que planteo es que el Estado costarricense pasó de tener como eje de su accionar el artículo 50 de la Constitución, que le asigna como fin procurar la más justa distribución de la riqueza, a funcionar con base en el numeral 46 de la Ley Fundamental, que fomenta el libre mercado y la competencia descarnada. O lo que es lo mismo, pasó de pensar en una Costa Rica para todos a pensar en una Costa Rica de ganadores y perdedores. ¿No es eso precisamente lo que habrá al conocerse los resultados del referéndum?
Así, paulatinamente, durante los últimos veinte años, Costa Rica ha venido desmantelando las políticas sociales que hicieron posible el surgimiento de su mejor factor de estabilidad: la clase media (la de verdad, no esa “media-baja”, “media-media” y “media-alta” que se inventó el pensamiento oficialista).
Por lo anterior, no es de extrañar que sea en la gran área metropolitana y en la población con estudios universitarios donde se concentra la mayor oposición al TLC. ¡Es que precisamente allí vive y a ese sector pertenece la clase media! Y no nos engañemos, aquí no se discute el acuerdo comercial en sí (que si no hubiera tocado un símbolo del Estado Social, como lo es el ICE, seguramente hace años habría sido aprobado). Lo que realmente está en juego es el modelo económico que debe seguirse en Costa Rica. En las urnas sólo se verificará el nivel de disconformidad con la repartición de la riqueza en este país.
Ya hay conciencia en la clase media de su condición de explotada, de que se le mira y trata como subalterna del sector político-empresarial que ha gobernado el país durante los últimos veinte años (en realidad, lo hace desde hace más tiempo, pero fue hace poquito más de cuatro lustros que lanzó su ofensiva de todo o nada por la riqueza que aquí se produce, que evidentemente es mucha y la quieren sólo para ellos). Y es esta conciencia la que aglutina a personalidades y sectores tan disímiles a favor del No.
Por esto último, considero que independientemente de que se rechace o apruebe el TLC, es la hora de hacer un alto en el camino, retroceder parte de lo andado y procurar un nuevo rumbo, que beneficie a todos. Si el Gobierno insiste en consolidar el modelo egoísta que he mencionado (ya no sólo por medio del acuerdo comercial, sino también mediante leyes complementarias que sigan ese mismo norte), entonces se corre el riesgo no de perpetuar la dicotomía de ganadores y perdedores, sino que se arriesga la misma existencia de eso que hoy llamamos Costa Rica.
David Fallas Redondo | 3 de Agosto 2007
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