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La Defensora y los demócratas estadounidenses

Raúl Marín | 14 de Mayo 2007

La bancada demócrata del Congreso de los Estados Unidos exige la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Corea del Norte, Panamá y Perú, dado que no existen las salvaguardas necesarias a los derechos de los trabajadores y al medio ambiente. Resulta oportuno analizar esa novedosa actitud sobre los derechos sociales ahora que la Defensora de los Habitantes de nuestro país ha planteado la consulta de constitucionalidad sobre el TLC entre EU, Centroamérica y República Dominicana.

Los demócratas rechazan la cláusula de dicho tratado según la cual los países firmantes deben respetar sus leyes laborales sin importar el contenido de éstas y solicitan que sea reemplazada por el respeto a algunas normas básicas dictadas por la Organización Internacional del Trabajo –OIT– como la prohibición del trabajo infantil, del trabajo esclavo y de la discriminación laboral, así como el respeto a los derechos de asociación y de formar sindicatos, todos ellos, aunque no se explicite en esa posición, incorporados en la 86ª reunión de junio de 1998 en la denominada Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. (En esta se enfatiza como derivación de la libre sindicación, el derecho a la negociación colectiva; y, como consecuencia de la prohibición del trabajo esclavo o forzoso, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación).

Modernamente –como lo apuntamos en Tribuna Democrática del 04/11/06– se admite dentro de la categoría de derechos humanos, tanto los de la primera generación –los individuales– como los de dos generaciones posteriores, a saber; a.- los económicos sociales y culturales –de los que honrosamente da tempranera cuenta positiva nuestra actual Constitución promulgada en 1949–; y b.- los colectivos o de solidaridad, muy vinculados a la calidad de vida y a la preservación de un sano ambiente incorporados en 1994 en la Carta Magna.

A diferencia de los Derechos Civiles y Políticos en los que el Estado debe, en principio, abstenerse de actuar para que el individuo pueda ejercerlos sin limitaciones, en el caso de los llamados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Solidaridad, las entidades oficiales, incluidas las judiciales, deben más bien fomentar y prestar su soporte material y técnico para lograr que los ciudadanos puedan ejercerlos.

Visto el TLC desde la perspectiva laboral, disciplina que consagra derechos humanos por los que debe velar la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional, cabe señalar que aquella entidad había dicho en marzo de 2006 (Resumen sobre temas analizados del proyecto del TLC. Oficina de Prensa de la Defensoría de los Habitantes):

“Pese a la existencia de un régimen de derecho que garantiza el derecho de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a las personas (sic) trabajadoras, existe una agenda pendiente que no debe ser pospuesta más”, que tiene relación con “el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionalmente adquiridos” por el país.

“En dicha agenda se ubica el mejoramiento de las condiciones de la Inspección de Trabajo, la reforma procesal laboral, el cumplimiento efectivo de las recomendaciones reiteradamente emitidas por la OIT al Estado costarricense”.

En el texto original de los TLC lo laboral quedaba subordinado a lo comercial, de manera que no era un fin en sí mismo, sino un medio para el librecambismo. Con la reciente posición de los demócratas estadounidenses y de nuestra Defensoría, el trabajo ocuparía, al igual que en el pensamiento social cristiano y social demócrata, un papel protagónico. No es un asunto de meras declaraciones líricas, sino de realidades, pues los derechos humanos se alimentan de lo concreto.

Valdría la pena, para los fines de la consulta en comentario –y otros–, que se obtenga una certificación de la OIT que garantice que nuestro país y el resto de los firmantes del TLC son cabales observadores de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo dictados por esa organización. Eso evitaría trampas y engañifas, acreditando una competencia comercial en pie de igualdad, al menos en este terreno.

Raúl Marín | 14 de Mayo 2007

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