Hablemos claro. Sé que aquí no es la costumbre, pero qué remedio.
Se ha denunciado que la diputada del Movimiento Libertario, Evita Arguedas Maklouf, mantiene intereses empresariales directos en el mercado de las telecomunicaciones. Posee, ella o su marido, que viene a ser lo mismo, acciones de tres empresas que representan todo un conglomerado de frecuencias (más de 100) concesionadas por las cuales, por cierto, pagan un poco menos que nada por una Ley de Radio y Televisión que ni a palos sugieren reformar como cualquier concesionario con sentido patriótico, y no solo empresario, haría.
El cuento de que “los diputados tienen ese carácter por la nación” nunca se lo han contado a esta empresaria metida a diputada –la minúscula es intencional–. No es que quiera irme en “nimiedades” constitucionales que, por lo visto, solo importan a los que no tenemos poder, pero una diputada que tiene negocios en telecomunicaciones no puede, aún cuando jure bloquear los intereses de su chequera, siquiera discutir proyectos que en un sentido u otro podrían afectar directamente su economía o la de sus familiares. Ni qué decir de votar, simplemente no puede y, ojo que no hablo de deber solamente, sino de poder o facultad. Pierde la fuerza de su mandato al mediar intereses personales que anulan el mandato, que es precisamente lo que manda una ley anterior que, aunque Arguedas y sus ad láteres no lo adviertan, está muy por encima de su condición de diputada y por tanto la obliga o limita.
La Ley contra la Corrupción (dejémosla hasta ahí porque el resto del nombre sobra) prohíbe legislar en provecho propio y pena con cárcel a quien no observe tal prohibición.
En lo conducente, la norma dispone que una diputada debe inhibirse de votar toda ley que la favorezca a ella, a su cónyuge o a cualquier pariente hasta arribar al tercer grado de consanguinidad. Tan clara es la norma dispuesta en el artículo 48 de esa ley (n.° 8.422), de plena vigencia y obligada observación para todo ciudadano, incluida y aún con mayor razón una diputada, que los equívocos y las interpretaciones falaces no caben. No hay lagunas ni términos abiertos, la norma es contundente.
La diputada Evita Arguedas debería, por imperativo legal y no solo moral, inhibirse de conocer dos proyectos que la afectan a ella y a sus parientes, el proyecto de regulación de las Telecomunicaciones y el Cafta. Si no pueden ser discutidos por ella, mucho menos habrá de votarlos.
Si no se recusa deberán sus iguales recusarla, reputándole, como ya lo hizo algún diputado, el conflicto de intereses que ya hoy sucede al participar Arguedas en la discusión del proyecto de Telecomunicaciones. Por mucho menos han obligado a desistir del conocimiento de ciertos temas a funcionarios públicos que tenían intereses mucho más indirectos, por lo que de no sucederse la separación de la legisladora en relación con ambos proyectos, constataríamos nuevamente lo que ya hemos acusado antes, en Costa Rica se aplaude arriba lo que se castiga abajo.
No hay más, o Evita Arguedas vuelve sobre sus pasos y se excusa, o se expone a que la recusen. Tanto en la comisión que preside José Luis Valenciano que trata el tema de Telecomunicaciones, como en el plenario, cuando inicie la discusión del tratado comercial entre Centroamérica y Estados Unidos, Evita Arguedas habrá de mantenerse distante, de lo contrario esperaríamos la acción valiente de algún diputado que levante el estandarte de la decencia y exija el respeto de la legalidad.
Llevados a ese nivel no habrá vuelta de hoja, o la denuncian otros diputados o lo hace la Contralora o la Procuradora que, esperamos, no dejarán pasar también esta flagrancia ante sus ojos y los de la ciudadanía. Bien lo decía Richelieu en una cita que no sobra mencionar: “Aprobar una ley y no hacerla cumplir equivale a promover lo que en un principio se pretendía prohibir”. La ley en cuestión se titula “Contra la corrupción”, vale el recordatorio.
Qué tendrá que decir Otto Guevara a todo esto, porque tanto se peca por acción como por omisión, cuando de afrentas a la patria hablamos. Nuevamente, la libertad se entiende de muchas maneras. ¿Será que así la entienden ellos?
Pablo Barahona Krüger | 3 de Marzo 2007
1 Comentarios
No cabe duda, que detrás del marcado interés por aprobar a como sea, el Tratado de Libre Comercio con los EEUU, hay intereses muy poderosos, yo me pregunto; ¿merecemos los costarricenses este tipo de personas como diputados? Porque es definitivo, la cloaca saldrá tarde o temprano, el pueblo de Costa Rica, identificará clara y significativamente, a aquellos costarricenses vende patrias, que solo les interesa hacerse más millonarios de lo que son, y aquí me refiero también a los grandes empresarios de este país, porque el TLC, es más riqueza para un grupo muy pequeño de nuestro país, ese grupo que nuestro presidente tanto representa y defiende, defensa que obviamente lo cega, de las graves consecuencias que arrojará este TLC. Y digo obviamente, porque el señor Presidente, parece no interesarle los grupos menos favorecidos, que luchan por sobrevivir, y que gracias a Dios, y a una generación VALIOSA Y PATRIOTICA, aquellos grandes VISIONARIOS de Costa Rica, crearon Instituciones solidarias, esas que muchos países de Latinoamerica y por qué no, el mismo EEUU, se las desean, gracias a esos costarricenses verdaderos, gozamos todos de los servicios básicos, necesarios y vitales en nuestra subsistencia y claro está, mucho países no los tienen, o al menos no con las ventajas que nosotros tenemos. Costa Rica está por encima de ese muy pequeño grupo de poder económico. Y eso parece, hay que recordárselo, a los politiquillos de pacotilla que nos gobiernan.
Recordarle al señor Presidente que la mayoría de los costarricenses no lo votó, ya que en nuestro país el abstencionismo es más grande que la cantidad de votos que el obtuvo, si a eso le sumamos, los que votamos por el PAC, entonces, debe meditar al respecto.
Me pregunto; ¿el señor Presidente quiere ser bien recordado por ese grupo de empresarios o por el pueblo de Costa Rica? Debería meditar al respecto, la misma interrogante para los diputados a favor de dicho TLC. Tremenda disyuntiva pareciera, si se preocupan por los que menos tienen, la respuesta es sencilla y clara.
Se puede negociar un TLC, con los EEUU, de forma bilateral, de forma tal, que las leyes de nuestro país , sigan teniendo validez, y en el cual, los grupos que menos tienen se beneficien, un tratado que no atente contra las Instituciones solidarias de este país, un tratado en el que el recurso hídrico, no se vea amenazado, al igual que los recursos naturales casi únicos en el mundo. Solo hay una Costa Rica, una Costa Rica que debemos defender.