Furtivamente, a múltiples servidores del sector público como el financiero, tales como los del Banco de Costa Rica (BCR), los del Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC), y los del Instituto Nacional de Seguros, mediante las convenciones colectivas de trabajo, se les coaccionó, y se les coacciona, a dejar sus trabajos –mejor dicho, a renunciar– “porque el partido Libertario anda detrás de sus privilegios” (Eso que llaman “poner la zanahoria en la nariz”) y es mejor no perder algunos derechos negociados.
El fenómeno del desmantelamiento abarca prácticamente a todo el sector público, por diversas vías, recuérdese al Consejo Nacional de Producción y al Banco Internacional de Costa Rica. Esa política está acorde con los recortes presupuestarios para la salud, la educación y demás programas sociales. Ahora los servidores que partieron engrosan el índice de desempleados con muy escasas posibilidades de reinsertarse al mercado laboral, sentencia aplicable a los que luego renuncien a sus puestos.
La devastación de las entidades públicas, aunado a la guerra psicológica del “todo o casi nada”, está dando sus frutos, como si se tratase de una guerra fría que libra el librecambismo a favor de su idolatrado, ilimitado e incontrolado mercado.
La agrupación libertaria, sin percatarse, o percatándose disimuladamente, de que para que haya corrupción pública –como en los pleitos en lo que al menos hay dos sujetos– debe tomarse en cuenta, necesariamente, al corruptor privado, entabló acciones de inconstitucionalidad en contra de los derechos de los trabajadores contempladas en dichos instrumentos colectivos, que no contra los multimillonarios privilegios fiscales y otros análogos, ni menos contra los corruptos casinos que pululan nuestro medio nocturno, generadores de una penosa, degradante, viciosa y oprobiosa moral social, fuentes por excelencia para el lavado de dinero.
La Sala Constitucional coincidió con los planteamientos del citado movimiento político y dispuso que “los privilegios” eran contrarios a la Constitución, como suponemos que lo hará con las franquicias fiscales y otras alcahueterías que merecen moral y legalmente ser abolidas.
Tengamos presente que algunos pretenden eliminar la participación de los monopolios públicos para que mañana seamos servidores de los privados –inconstitucionales por definición–, que inevitablemente serían administrados por las grandes multinacionales y que no persiguen más que sus utilidades y que menosprecian todo lo que tenga que ver con esa fea expresión de “lo social”; parafraseando aquel acomodaticio personaje anónimo que pregonaba: “ande yo caliente aunque ría –o muera de hambre, agregamos– la gente”.
Con el debilitamiento del sector público financiero las anchas avenidas están abiertas para que la banca privada haga “clavos de oro” –sector renuente, como se sospechaba y se viene de publicar, a tributar adecuadamente–.
Aún teniendo seguro de desempleo –que no lo tenemos– no hay nada mejor, psicológica, social y económicamente, que trabajar decorosamente, sin perjuicio, naturalmente, de darle espacio a las nuevas generaciones. Eso se concilia con jubilaciones razonablemente ajustadas, pero no con las longevas que producen el desempleo juvenil. Por eso se requiere una política social sin improvisaciones ni demagogia, que todavía no la vemos articulada, que no sea con unos objetivos decimales o milimétricos para combatir gigantescos y explosivos problemas. Sin importar el agudo incremento de la pobreza en nuestro país, dramáticamente subrayado en estos días por el Sumo Pontífice.
Volvamos al caso del BCAC. Como se sabe, una institución autónoma pública bancaria nace con la mayoría calificada de diputados del Parlamento, consecuentemente con esa votación debería disponerse su disolución, alianza o fusión. No se trata de una compañía mercantil sujeta al derecho común y de patrimonio privado. Sus administradores tienen a cargo el fortalecimiento de la entidad que presta un servicio público para lo cual rindieron juramento ante Dios y la Patria, no su debilitamiento ni su desaparición –recordemos lo del Banco Anglo Costarricense–.
Para constatar el desmantelamiento en ciernes baste con citar el “Reglamento Autónomo de Trabajo de los Empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago”, (La Gaceta, 5/1/06) cuyo artículo 108 dispone en lo pertinente: “En virtud de una reestructuración, alianza, fusión y/o cierre de oficinas que conlleve la supresión de plazas indicadas –las de nombramiento de junta directiva– … en la cual (sic) no se pueda reubicar al personal, el Banco podrá dar por terminado el contrato de trabajo con el pago a título de indemnización de todos los años de servicio en el Banco” (art. 108, p.68, lo que está entre guiones no es del original). Esas plazas, por formar parte de la estructura orgánica institucional, desaparecerían únicamente si deja de existir el banco. Queda así confesado que el BCAC ha hecho su testamento sin consultar a los dueños de su patrimonio que son los costarricenses.
Esa atmósfera de “muerte anunciada”, postración, desmayo o abulia, es decir, de falta de energía para pilotar una institución cuasi centenaria, ha hecho que cientos de empleados del BCAC se hayan desperdigado –vía convención colectiva–, dado que ese ambiente laboral es irrespirable. Para agravar esa atmósfera se redactó un anteproyecto de ley para hacer del BCAC una sociedad subsidiaria del BCR; así se terminó de confeccionar –para asustar– “el saco del muerto”.
Lamentable y acongojantemente, los guardacostas todavía no han visto esos titánicos barcos piratas en nuestro mar territorial…
Raúl MarÃn | 16 de Febrero 2007
1 Comentarios
La “ineficiencia” estatal es una muerte anunciada; la han promovido -incansables e insaciables- todos los gobiernos neoliberales de los últimos años, así como sus alidados: la prensa reaccionaria y, en su momento, los libertarios en cumplimiento de su labor como escuadrón de choque y perros de presa del neoliberalismo criollo. Y luego vienen a descubrir lo que tan empecinadamente han procurado. Acontece así, por ejemplo, con La Nación y sus reportajes sobre los hospitales sin camas; las bibliotecas en ruinas; las escuelas sin sillas; las oficinas infestadas de cucarachas. Bonita cosa venir a “denunciar” lo que ellos han procurado con saña rabiosa. Pero, clarísimo que sí, y como lo gatos, se cuidan muy mucho de tapar bien la torta. Que nadie recuerde, quisieran, que ellos son padres y madres de la fea criaturita. El problema -menudo problemilla- es que dichosamente el pueblo de Costa Rica ha encontrado la cura contra la amnesia.