Summa sumarum, la impresión que me queda es la de mucha alharaca por un esfuerzo apenas parcial y sobre todo tardío que por mucho se parece a la mera pose. Esa que un día sí y otra también, asumen los políticos a sueldo entronizados en las instituciones encargadas de velar por la transparencia de lo público.
Y es que el recuento representa una lección de hipocresía que a los ciudadanos que tenemos memoria nos es difícil olvidar y a los disfrazados Maquiavelos parqueados en algún pesebre estatal les resulta fácil imitar.
Primero, hace escasas semanas, el ICE con su inveterado disimulo jalando el rabo a la ternera a ver hasta dónde les daba la cuerda: se proponían recontratar a Alcatel sin importar qué. Ni la legalidad ni la moralidad importa mucho a los asesores “técnicos” del ICE ni mucho menos a sus jefes. Salvadas excepciones desde luego. Ya esto lo habían demostrado al contratar 600 mil líneas celulares a Ericsson, por entonces cuestionada por viajes a Praga y otras “rarezas” identificadas por la Contraloría General de la República y en su momento comunicadas como presunta noticia criminal al Ministerio Público.
Luego, muy luego, vino la Procuraduría mediante su brazo institucional en estas materias a oponerse a una nueva compra que la Junta Directiva del ICE planeaba hacer a la cuestionadísima firma Alcatel.
La Contraloría General de la República, por su parte, así como las Auditorias Internas del ICE, esta vez, brillaron por su ausencia.
El despliegue mediático de las últimas semanas hizo mella y los directivos del ICE recularon en su pérfida intención de comprarle millones de dólares a una empresa cuyos personeros han sido investigados -sea: aún no condenados- por sobornos que algunos dieron en llamar “premios”.
Visto así, algo de mérito debe reconocérsele a la Procuraduría de la Ética Pública. Y digo -léase: escribo- algo y no más, porque desde hace mucho esperábamos esta actitud, es decir: sugeríamos la acción.
Sin embargo, me surge una pregunta que no puedo obviar: ¿Por qué ahora y no antes? A Alcatel se le compraron mucho menos líneas que a Ericsson, no obstante, los cuestionamientos a esta última ya se habían concretado -incluso con Directivos del ICE presos preventivamente- y aún así el Instituto contrató y la Contraloría refrendó la adquisición de 600 mil líneas celulares por $132 millones que, según la letra muerta dispuesta en la ley, podrían igualmente ampliarse mediante extensión del contrato en un futuro próximo.
Esto lo acusé en su momento pero nadie recogió el guante. Ni la Contralora General ni mucho menos el Procurador de la Ética Pública, que ahora sí se opone a la extensión del contrato con Alcatel y no dijeron nada sobre Ericsson y sus 600 mil líneas celulares. ¿Por qué en una sí y en otra no? ¿Por qué ahora sí y antes no? Los casos son similares, las respuestas del Estado no. La prensa, por su parte, también ha sido selectiva y omisa en buena parte. Ahora reaccionaron con una, vamos a ver qué pasa cuando el ICE intente con la otra.
La hipocresía procede a la comodidad como buen resguardo de estabilidad para algunos funcionarios públicos que no siempre, sino solo a veces, están donde deberían estar: vigilando los recursos públicos sin miras de partido político ni segundas intenciones (reelecciones, etc.) sino solo con la bandera de Costa Rica por delante como escudo de lucha.
Así que bien por ahora, lástima por antes y ya veremos por después… ¡Atención Procuraduría! ¡Despierta Contraloría! ¡Avanti Fiscalía!
(La Prensa Libre)
Pablo Barahona Krüger | 21 de Febrero 2007
1 Comentarios
Ethos non ethos est.
De igual manera podría considerarse sin ética, el tener que abandonar equipos, desarrollos, proyectos e infraestructura ya adquirida, valorada en miles de millones de dólares, para cumplir con las exigencias de los “paladines de la ética” quienes se “rasgan las vestiduras” al insinuarse la posibilidad de soportar, mantener y por qué no, desarrollar la infraestructura que se adquirió previamente a los supuestos actos ignominiosos de corrupción, incluso a las mismas empresas que hoy son declaradas “non gratas” y que a través de un concurso público refrendado por la Contraloría General de la República fueron adjudicadas eximiéndolas de la pena de actos que pudieran calificarse como corruptos. El deber de cuido de la administración pública también exige velar por lo que ya se tiene. Esto se vuelve aún más exigente cuando se podría poner en peligro la continuidad de los servicios que se brindan actualmente en esas plataformas, considerados hoy odiosas.