La Revista de la CEPAL n.º 99, correspondiente a diciembre 2006, contiene un artículo muy sugestivo de Enrique Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre “el papel del Estado y los paradigmas económicos”.
En ese artículo Iglesias plantea que dos paradigmas de desarrollo han prevalecido en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX: el paradigma Cepalino y el Consenso de Washington, éste último vigente hoy día. En ambos casos, el autor le atribuye una importancia fundamental al Estado y sus funciones y al grado de desarrollo de la institucionalidad de cada país.
En relación con el Consenso de Washington expresa que “la extrema debilitación del Estado experimentada desde la vigencia del Consenso de Washington impidió la adecuada regulación de las actividades privatizadas e hizo perder la visión de largo plazo y la preocupación por la concentración de ingresos”.
¿En que consistió ese Consenso? En palabras de Iglesias, “el retorno de la ortodoxia significó la adopción de las reglas de juego del mercado, la vigencia del sistema de precios como principal mecanismo de asignación de recursos, la aplicación de fuertes programas de estabilización, la apertura al comercio internacional, el ingresos de recursos financieros y de la inversión privada extranjera, una política generalizada de privatización. Las reformas económicas fueron alentadas en buena medida por los organismo financieros de Washington …”.
Luego de más de 25 años de aplicación de los postulados y recomendaciones del Consenso de Washington, hoy en día hay 9 presidentes de los países latinoamericanos y del Caribe que ganaron elecciones solicitando el voto de los ciudadanos para sus programas de “izquierda” y en franco enfrentamiento con candidatos de centro, centro derecha y de derecha, identificados plenamente con los postulados del Consenso de Washington. ¿Quien podría haber imaginado que en el año 2007 habría 9 presidentes electos mediante elecciones populares con visiones distintas a la ortodoxia liberal? Esta situación representa un enorme desafío social y político para estos gobernantes “izquierdistas” de la América Latina, puesto que se está hablando de países de grandes proporciones en materia de población y economía; para aquellos que les gusta medir el desarrollo de los países en términos de ingresos representan un 61,2% del total del PIB regional. Si se incluye México cuyo presidente ganó por un porcentaje muy reducido, los países con presidentes de “izquierda” representarían el 90% del total.
Existen en realidad varias razones para que los ciudadanos de esos países hayan rechazado a candidatos que no sean de “izquierda”, pero una de las razones fundamentales y plenamente atribuibles al “nuevo modelo” impulsado por los postulados del Consenso de Washington está su gran despreocupación por la desigualdad del ingreso, aspecto que desde la Doctrina Social de la Iglesia significa una omisión ética injustificable. Es realmente sorprendente cómo los principios de esa Doctrina alrededor de la “dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la participación, la propiedad privada, y el destino universal de los bienes” son prácticamente ignorados en el enfoque económico de ese “consenso”, como si la persona humana se redujera solo al homo economicus.
Por otra parte, Iglesias plantea, asimismo, cuáles serían los objetivos del nuevo concepto de Estado, de la siguiente forma: primero, un Estado capaz de hacer viable la eficiencia del mercado. No se trata de sustituir monopolios públicos por privados. Segundo, un Estado que impulse la capacidad del sector productivo y sugiere “intervenciones inteligentes por parte del Estado”. Tercero, un Estado que sea responsable por reducir las desigualdades sociales. Cuarto, una nueva relación del Estado con las empresas, por ejemplo en materia de inversiones públicas. Quinto, impulso a la creación de mecanismos de participación de la sociedad civil en las funciones del Estado. Sexto, un Estado con capacidad de orientación y formulación de políticas de inserción internacional, particularmente lo referido al proceso de integración regional, en consulta y colaboración con el sector privado. Sétimo, un Estado con un papel y responsabilidad central en la educación, la ciencia y la tecnología. Octavo, un Estado con capacidad de análisis de las tendencias fundamentales de la economía, la sociedad y la política en el ámbito internacional, en el contexto de un desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta tarea de un Estado moderno debe conducir a un proceso permanente de reflexión de los sectores público y privados. Noveno, un componente institucional de fortalecimiento de las oficinas de planificación nacional, con capacidad de proyectar tendencias a largo plazo sobre las cuales basar la estrategia de desarrollo. Décimo, un Estado con capacidad de promover consensos nacionales entre los distintos sectores de la sociedad. Para ello sugiere, entre otros, fortalecer los Consejos Económicos y Sociales en los países.
En mi criterio, si bien Iglesias plantea un conjunto de funciones que un Estado “moderno” debería de considerar y ejecutar según las características de cada país, no resalta tres temas que considero esenciales en el caso de Costa Rica: un proceso de descentralización de las funciones del Gobierno Central a favor de las regiones periféricas, lo que pasa por un fortalecimiento de las municipalidades y de su capacidad de gestión del desarrollo integral local; una mayor capacidad del Estado en el análisis de los resultados de los tratados comerciales y en su Administración y gestión; ahora ni siquiera se cumple con la ley actual sobre la evaluación de esos tratados; y, finalmente, una mayor capacidad del Estado por administrar sus recursos naturales.
En resumen, de lo que se trata es diseñar y poner en marcha una concepción de Estado que realmente asegure el bienestar de la mayoría de todos los costarricenses, respetando plenamente la dignidad de la persona humana, y el desarrollo sostenible de nuestro país, en el contexto de las tendencias actuales de la globalización.
Helio Fallas hfallas@racsa.co.cr
Helio Fallas | 18 de Enero 2007


3 Comentarios
“…como si la persona humana se redujera solo al homo economicus.”
Vivimos en la época del Homo economicus. De hecho, muchos de los defensores del TLC en la gran mayoría de casos, sino en todos, aplican criterios desde esta perspectiva. Todo se resume al tener, bienes materiales (que incluso alcancen bienes espirituales, morales y sociales), antes que al ser en función de lo humano, incluso lo espiritual, irónicamente Ceteris paribus…
Siento que alrededor de estas premisas, tan acertadamente expresadas se puede construir el gran y necesario diálogo nacional inclusivo y participativo que nos lleve a una propuesta de país concensuada serenamente pensada a largo plazo.
Aquí siento, criterios básicos importantísimos, medulares.
Ojalá se hablara en este país desde estos términos y se supiera escuchar con respeto a quien de manera tan seria aporta de verdad.
Don Helio, con su brillantez habitual, hace una contribución de valor inapreciable a quienes estamos en búsqueda de un modelo económico que no destruya al sistema social, donde se incorporen todas las críticas académicas y las lecciones aprendidas de la experiencia social, pero a la vez se retengan los elementos nuevos que sí conribuyen al desarrollo nacional. Creo que esta propuesta de Iglesias demuestra que no existe el fatalismo del destino neoliberal, como no existió el fatalismo del destino comunista. Pero no podemos seguir desangrándonos y debilitándonos en una lucha entre la supuesta derecha neoliberal y la supuesta izquierda socialista. En el fondo la lucha es por el poder, usando uno u otro signo, no la prosperidad, el desarrollo y la paz de los ciudadanos. El problema es político. El desafío es que la democracia costarricense logre que la oligarquía hegemónica no utilice el sistema económico solo para su enriquecimiento y poder político estamental, y que la sociedad civil mantenga y desarrolle sus conquistas sociales institucionales para una distribución más justa de la riqueza. Si no lo logra, las valiosas sugerencias teóricas y académicas terminarán ahogadas en baños de sangre. En vez de un nuevo modelo económico, se impondría el modelo de la dictadura del terror estatal.