El anterior cuerpo legislativo, mediante una Comisión especial, manoseó, con deficiente asesoría, interna y externa e invadiendo sagradas facultades del órgano competente, un asunto que se encontraba bajo discusión judicial.
Eran unos diputados comisionados improvisando burdamente cuestionamientos sobre el quehacer de los jueces y de los letrados que en tal asunto participaban –o debían participar, al libre criterio de sus miembros–, todo a vista y paciencia del Poder Judicial y del Colegio de Abogados, y a despecho de la medieval y sabia sentencia: “¡zapatero a tu zapato!”, pero, sobre todo, de la institucionalidad patria, heredera de la clásica, francesa y democrática, división de poderes.
Resulta que el embrión de una empresa, denominada Télesis S.A. –hoy, como antes, sin actividad empresarial y fiscal visible– contrató con el Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA), que es una empresa pública, la instalación de un programa de cómputo para asuntos puntuales del quehacer financiero.
La ejecución de ese trato generó controversias que fueron planteadas ante los tribunales. Las diferencias fueron resueltas en firme a favor de Télesis S.A., en un juicio que, como lamentablemente es regla en los llamados –quizás muy justamente– ordinarios, tardó años en resolverse. Eso sucedió el pasado siglo, concretamente la sentencia es del año 1998.
Cinco años después, en el 2003, se dictó sentencia sobre la respectiva ejecución del fallo.
El embrollo se hizo porque en la ejecución de sentencia el abogado particular contratado por BICSA para el caso concreto, aparentemente, no hizo un oportuno señalamiento del lugar para recibir notificaciones, lo que permitió que se admitiese la multimillonaria demanda de la ejecución de sentencia planteada por Télesis, provocándose decretos de embargos de los activos de BICSA Costa Rica que podrían llevar a un virtual colapso de dicha entidad. Entonces el tema mediáticamente se hizo trascendental.
Ese caso lo convirtieron en un “tsumani” político-legal con una partitura en donde tirios y troyanos intervenían, al punto de que lo tomó como tema la precitada Comisión Legislativa, llamada, rimbombantemente, “megacomisión”.
Ese grupo de legisladores incurrió en altos costos durante largas horas para cavilar sobre el tema. Por su parte, la parafernalia parlamentaria impuso el pago de dietas, la remuneración a sus asesores y legitimó que los observadores externos descuidasen sus esenciales funciones públicas ordinarias, también pagadas –el café y las galletas tampoco faltaron–; pero miles de fotocopias daban testimonio de lo hablado.
Mientras se daba ese escabroso manoteo parlamentario y no gratuito –en el sentido económico del término, aunque sí en el figurativo–, el asunto se discutía seriamente en los Tribunales, y, no obstante, se reclamaba, por parte de la Comisión legislativa a los abogados de planta vinculados a BICSA, unas responsabilidades que profesionalmente nos los alcanzaban. Estos, por su parte, por secreto y estrategia profesional, no podían revelar mayores detalles sobre la novedosa defensa legal en la etapa de ejecución de sentencia.
Pues bien, por resolución firme e inapelable de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (n.° 1014 del 21 de diciembre de 2006) se ha dispuesto que Bicsa Costa Rica nada le debe a Télesis. Es decir, Bicsa quedó exonerada de más de 100 millones de colones que constituía la totalidad de lo reclamado por la citada sociedad mercantil. Tal logro fue posible gracias a un equipo de abogados capitaneados por el Doctor Rodrigo Montenegro Trejos.
Eso me alegra por el país, pero, sobre todo, por haberse frustrado el siniestro linchamiento profesional que unos neófitos propusieron en nuestra contra.
Que la historia los juzgue, y que Dios los perdone.
Raúl MarÃn | 8 de Enero 2007
2 Comentarios
No conozco el caso en concreto pero basta con el epílogo para poder afirmar que La Asmablea Legisltativa gasta el dinero de los costarricenses a espuertas para meter las narices en lo que no sabe y no mueve un dedo para recuparar todas las funciones que ha permitido le usurpen otros. Con esta clase de amigos para qué enemigos
Precisamente, estos asuntos de los tratos legislativos, es propio de la cultura de nuestos gobernantes, a quienes les falta entereza, sobre lo relevante que debe de ser los procesos sociales para que los grupos sociales empiecen a aumentar sus esperanzas de vida; ya que muchos se ven enfrascados en una lucha de tener que sobrevivir. Pero en asuntos institucionales, y en negocios propios todos le dan vuelta para ver como entran también en el buen negocio, aunque se diga que es una mera liquidación.
Solo el que está en el enredo sabe que es lo que más le conviene.
Pero esperar una luz reivindicagiva para las economía deterioradas solo Dios sabe como deberá de ser