Hace unos pocos días el presidente del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, Chuck Grassley, declaró “que no tiene interés en renovar el tratamiento comercial especial para los países andinos que expira en diciembre”. La aceptación de este funcionario es clave para la continuidad del tratado.
Como es conocido, los Estados Unidos había llegado a un acuerdo comercial en 1991 con los países andinos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, mediante el cual daba preferencias arancelarias similares a las que Centroamérica ha tenido por medio de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Esta “Iniciativa” unilateral de los Estados Unidos es la que ahora se ha transformado en un Tratado de Libre Comercio Estados Unidos de América- Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), siguiendo la experiencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN por sus siglas en inglés).
En el caso de los países andinos, la motivación de las preferencias otorgadas por los Estados Unidos iba acompañada por el compromiso de esos países de luchar contra el narcotráfico, dado que el mercado estadounidense es abastecido por drogas cuyo origen tienen esos países, entre otros. Además, se condicionó a que al vencimiento de las preferencias se debería firmar un tratado de libre comercio.
Ahora la posición adversa del congresista de ampliar por un tiempo adicional las preferencias, en vista que aún no se ha firmado el tratado de libre comercio, ha sido tajante y se fundamenta en que: el “Ecuador ha tenido su oportunidad de sentarse y dialogar con nosotros, dijo. Pero ha nacionalizado, confiscado inversiones privadas, y entonces por qué tengo que estar interesado en que continúe todo esto?”
En una declaración anterior del funcionario referida a la ley que da sostén legal a las concesiones arancelarias expresó que “Bolivia estaría también excluida debido a que tuvo una similar oportunidad que Ecuador de negociar con Estados Unidos un TLC para dar continuidad a los beneficios”.
Por su parte, Susan Schwab, directora de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), comentó en esos mismos días “que el gobierno del presidente George W. Bush está coordinando con el Congreso para decidir qué acción seguir”, en el caso de la ley que establece estas preferencias otorgadas por los Estado Unidos. Nos imaginamos lo que estará “coordinando”.
Es claro que existen dos formas diametralmente opuestas a lo que se concibe que debería ser un tratado de libre comercio por los representantes de los Estados Unidos y algunos de sus correspondientes contrapartes de los países andinos.
Para los representantes de los Estados Unidos los tratados de libre comercio son para asegurar inversiones e intereses comerciales de empresas de ese país, particularmente de las transnacionales.
No obstante, para muchos latinoamericanos no se trata de un asunto puramente comercial. Más bien se analiza si un tratado puede o no ayudar a resolver problemas de diversa índole económica, social, tecnológica y ambiental. Como expresa un investigador guatemalteco: “Se ha dicho en otras ocasiones. La expansión del comercio no es un fin en si mismo. En el mejor de los casos puede usarse el comercio con otros países para fortalecer las economías. Pero el comercio “libre” de toda restricción y revisión, el cheque en blanco extendido a las transnacionales para que hagan lo que quieran, producirá el efecto que ha tenido en México y que, nos atrevemos a afirmar, se repetirá en Centroamérica: el “libre” comercio no rectifica las desigualdades ya existentes, no las revierte y no las desaparece, mas bien, al contrario, las profundiza. Antes de liberalizar el comercio, necesitamos naciones y poblaciones sanas, educadas, y en condiciones de vida dignas, con economías sanas, orientadas al mercado interno o regional, generadoras de empleo, que ya no produzcan sangrías de mano de obra hacia el exterior. En esos casos, el comercio justo, que no “libre”, que compense las profundas asimetrías entre los países ricos y pobres, puede ser un elemento efectivo para una mayor prosperidad de la condición humana.” (Los efectos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) sobre el desarrollo rural, Gustavo Castro Soto).
Sin consentir todo lo expresado anteriormente, este tema de las asimetrías es precisamente lo que acaba de repetir el vicepresidente de Bolivia en Washington: “la diferencia tecnológica entre Bolivia y Estados Unidos es de varios siglos. Los modos de producción en el área rural de Bolivia son del siglo XVI y en Estados Unidos del siglo XXI; estos son los temas que deben ser tomados en cuenta y que los Tratados de Libre Comercio no consignan”.
En el caso de los países andinos, de los centroamericanos y de México, lo que necesitan es desarrollarse en todo sentido: es decir, privilegiar la dignidad de la persona humana y para ello la economía debe responder con hechos concretos: crecimiento económico sano y oportunidades para los productores locales, mejor distribución del ingreso, mejores condiciones de los asalariados, etc.
Por supuesto que ello no se logra solamente con tratados de libre comercio. De ahí que resulta esencial una agenda de desarrollo donde los mecanismos solidarios deben estar claramente presentes, al igual que la cooperación técnica y financiera que el país necesita para su desarrollo.
Helio Fallas | 8 de Agosto 2006
2 Comentarios
Ayer precisamente Pablo Barahona menciona en su artículo, la urgencia de discutir la agenda de desarrollo antes de someter siquiera a debate el TLC. Hoy es don Helio Fallas quien señala exactamente lo mismo.
¿Cuando van a escuchar los políticos las voces de la razón y hacer las cosas al derecho?
Ya hay muchas personas pensando de esta forma, estas ideas y planteamientos contribuyen y fortalecen - Aunque a veces nos parezca lo contrario - No todo puede estar mal.