En los últimos años se ha venido analizando en varios foros latinoamericanos el tema de la Reforma del Estado, en el contexto de la globalización y los tratados de libre comercio y las condiciones sociales de la población, donde la pobreza o se ha estancado o se ha ampliado en los países.
Particularmente, una de las preocupaciones fundamentales ha sido la crisis de gobernabilidad que han tenido algunas naciones que incluso ha significado relevos de presidentes electos, aunque los regímenes democráticos han sabido superar esas crisis finalmente.
Esta gobernabilidad si bien tiene varias causas centrales, existe un factor común esencial al cual se le atribuye un papel protagónico: la limitada capacidad de los gobiernos en materia de políticas públicas para enfrentar la globalización en sus efectos en la desigual la distribución del ingreso y la generación de empleos, asegurar un crecimiento económico sostenido, proteger a los sectores sociales más débiles y garantizar en forma efectiva los derechos civiles y sociales, entre otros aspectos fundamentales. Esta situación se ha instituido en el contexto de los programas de inspiración neoliberal que se vienen aplicando en la región latinoamericana desde hace dos décadas, con el apoyo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mediante programas de estabilización y de ajuste estructural.
Se afirma, además, que en estos últimos años se han puesto en acción procesos importantes de Reforma del Estado y de modernización de la administración pública, en algunos países, sin que los logros hayan sido significativos frente a los problemas referidos. En el caso de la Argentina, los procesos de privatización han obligado al cierre de instituciones y empresas públicas, pero sin que estuvieran listas instituciones reguladoras eficaces para las nuevas condiciones de los mercados. Este aspecto incluso ha sido reconocido por connotados tratadistas y funcionarios de organismos financieros. En otros casos, los gobiernos pusieron en marcha procesos de Reforma del Estado para mejorar su eficacia y eficiencia, pero las condiciones sociales de la población no han visto mejorar sus condiciones de vida básicas. En ambos casos, la gobernabilidad de los países tiende a debilitarse, lo que se muestra en varias elecciones presidenciales recientes.
En el caso concreto de Costa Rica, la Reforma del Estado que se propició no fue la que recomendaron algunos especialistas de la denominada “Comisión para la Reforma del Estado Costarricense” en el año de 1990. Esta comisión planteó un conjunto amplio de reformas como una forma de actualizarlo ante las demandas de la población y el contexto que se tenía en ese momento. Si bien uno puede discrepar de algunas de sus sugerencias, no puede negarse la importancia y honestidad en sus planteamientos. Más bien, lo que se dio fue una “movilidad laboral” que terminó haciendo menos eficaz y eficiente al Estado, por cuanto muchos de los mejores cuadros técnicos salieron de la esfera pública.
En la actualidad, como resultado de la apertura comercial que Costa Rica ha hecho, casi total o parcialmente según los bienes y servicios, la ejecución de los tratados de “libre comercio” actuales y los que puedan agregarse y los compromisos con la OMC, la imposibilidad que la población pobre se reduzca, la urgente descentralización del aparato público a favor del sector municipal, la necesidad de preservar y mejorar el ambiente, el exceso de controles a priori en las tareas públicas, la falta de transparencia en muchos programas sociales, la necesidad de reformas electorales profundas, entre otros, hace que se considere urgente e impostergable que se replantee el papel del Estado. De otra forma, seguiremos montados en un “un barco” creado para las necesidades de un mundo que ya dejó de existir, pero que no para en su constante transformación, donde las tecnologías de la información y la comunicación innovan todas las estructuras productivas, sociales y culturales en muy poco tiempo.
En el norte de las políticas que se deben concretar para reformar profundamente el estado, debe considerarse cómo la sociedad, el estado y el mercado se articulan para promover un crecimiento con equidad, un desarrollo sostenible y sustentable, una mayor participación de la población en las decisiones, un fuerte grado de descentralización, entre muchas aspiraciones que los costarricenses tienen. Ello solo será posible mediante un liderazgo político y social que permita un proceso de concertación social transparente y que realmente aporte respuestas a las necesidades actuales de la población y las exigencias de la globalización. ¿Cómo nuestro país pretende aprobar un tratado de libre comercio que transformará completamente nuestra vida social, económica, política y cultural, si ni siquiera sabemos la sociedad a que aspiramos y el estado que necesitamos? Y mucho menos sabemos cómo salir del impasse que se tiene desde el punto de vista político. Ello solo es posible cuando las fuerzas políticas decidan en serio concertar y establecer objetivos y metas a largo plazo. ¿Quien le pone el cascabel al gato?
Helio Fallas | 14 de Agosto 2006
1 Comentarios
la sociedad costarricence a buscado la transformacion del estado desde mucho tiempo, pero con los principios erroneos ya que buscamos un pais similar a las potencias y debemos ser únicos y buscar el bien comun. en todos los gobiernos han planteado reformas pero ninguno a sido capas de cumplirlas debido a que se ajustan a las pociciones burocráticas y no al bien de la sociedad.