El presidente Arias y el ministro Berrocal deben abortar la firma de la “alianza estratégica” que ellos mismos han propuesto entre las principales empresas de seguridad y la fuerza pública.
Tan sin par propuesta no resistirá el examen de constitucionalidad si los magistrados se toman en serio su tarea y no le hacen segundas, nuevamente, a don Oscar.
Somos varios los constitucionalistas que hemos advertido oportunamente –léase: previamente– al gobierno de la inviabilidad de tan ocurrente e inverosímil alternativa.
Quizá valga la pena repasar un fundamento básico de la vigencia del Estado-Nación: la soberanía. Esa que no admite relativismos ni interrupciones y que por su naturaleza resulta imprescriptible e inderogable y lo más importante intransferible e irrenunciable.
El Estado no puede, bajo sanción de dejar de ser tal, evitarse a si mismo. No puede renunciar a actuar allí donde más es requerido: la seguridad y el orden. No solo no puede omitir en tan sensible campo, sino que, muy por el contrario, debe incrementar su presencia. Sobre esto no puede haber duda. Si la hay, estamos perdidos.
El Presidente, trotamundos pacifista según su propio gusto y convicción, sabe muy bien que el antecedente de países subdesarrollados que contenían apenas en estado embrionario el mal del sicariato, el lavado de activos y la corrupción, sea: de la violencia física como sistema paralelo de administración del poder, y que se aventuraron a fortalecer las fuerzas de seguridad privada echando mano al pretexto de que no habían suficientes recursos públicos para hacer frente a tan perniciosos flagelos, terminaron peor que como empezaron. Se colombianizaron. Pasaron de Estados aterrorizados a Estados terroristas.
Aquellas iniciativas privadas y supuestamente civiles terminaron ocultas y absolutamente militarizadas. Paramilitares o autodefensas les llaman hoy día. Terroristas incluso según los nórdicos.
Pero de todo esto, lo más grave, es que regresar de ese punto, regresar de Colombia, lleva décadas y eso si es que hay regreso.
La salida va por otro lado. Si lo que se quiere es seguridad ciudadana entonces hay que entrarle a la raíz del cacho. ¿No es esa acaso la gran denuncia, el slogan primario de don Oscar en campaña? Casi resuenan literales en mi memoria sus palabras enmieladas con sed electorera: “No deben seguirse posponiendo las decisiones de fondo”. “El miedo a resolver…” decía. Entonces: ¿qué espera? Que enfrente al toro como el torero que tanto ha dicho ser y revolucione la política de seguridad a través de la única fórmula eficaz: una verdadera política social.
Que enriquezca a los pobres para que sus infantes no dejen la escuela ni el colegio y el día de mañana sean personas de bien.
Que fortalezca a la clase media para que también recupere las posibilidades de ascenso social.
Y para ello, que venza su principal temor: tocarle la billetera a los ricos de este país de quienes, como bien decía mi abuelo Luis Barahona, filósofo político a quien don Oscar apenas siendo estudiante conoció y estudió: “Todavía seguimos esperando ver la cuota de sacrificio (…) pues hasta hoy ellos y el gobierno sólo han hablado del sacrificio del pueblo”.
Son los especialistas en seguridad, en cuenta sus dos vicepresidentes, los que han coincidido en que la mejor política de seguridad consiste en una buena política social. Nombrar más policías es, también y a no dudarlo, tarea ingente. Hacienda y Presidencia tendrán que ver de donde le sacan al saco.
Los compromisos de campaña electoral se cumplen y aún con mayor razón si fueron más de mil “programáticos” los que tuvieron que prever la viabilidad de lo propuesto. Ahora no caben, ni las excusas ni las salidas fáciles que, a fin de cuentas, son lo mismo; más de lo mismo.
Que el ministro Berrocal piense más y mejores salidas. Lo mismo para sus asesores, en cuenta sus dos más cercanos: el viceministro Rafael Gutiérrez y el director de la fuerza pública Osvaldo Alpizar, quienes habrán de cuidar por decoro y prudencia el conflicto de interés que podría presentarse habiendo sido ellos empresarios de seguridad privada según lo denunciado por el PAC.
La salida no puede ser más laberíntica que el propio laberinto.
No es privatizando lo no privatizable que se logran solventar las más tristes carencias del pueblo costarricense. Que la privatización sea expresa o tácita es cuestión de mero detalle, pero lo que si no lo es, lo que sería aún peor, es que en la desesperación de fortalecer la insaciable sed de lucro y poder de algunos empresarios de la seguridad, se pervierta la soberanía interna del Estado costarricense y ello resulta peor aún si para lograrlo se recurre al disfraz del “acuerdo”, “convenio” o “carta de intenciones”, en fin, a la parafernalia de la redacción burocrática para decir en el papel “compartir información” cuando lo que podría decir más bien es “filtrar información” o escribir “coadyuvar” cuando lo que debería escribirse es “someter, perseguir, capturar, requisar, encerrar, disparar e incluso matar”.
Escribo esto último y en este tono, visto el camaleónico cambio en las declaraciones del ministro de Seguridad, quien un día afirma que el “convenio” tiene el más profundo alcance y menos de 24 horas después se desdice y lo reinventa con la misma maestría disimulatoria empleada por los hermanos Grimm cuando contaron la Caperucita Roja. ¿Recuerdan al lobo vestido de abuelita? “¿Por qué tienes los dientes tan grandes?” le preguntaba Caperucita engañada por su propia inocencia.
Disimular lo indisimulable equivale a mentir y eso sería mucho peor. Se lograría, desde luego y nos viene bien repetirlo: al privatizar lo no privatizable.
Repito: NO DEBEN FIRMAR.
Pablo Barahona Krüger | 4 de Agosto 2006
1 Comentarios
Muy acertado comentario: la mejor politica de seguridad es una buea politica social.
Pero me parece que hay algo mas allá de una mera privatizacion, lo cual hace que el gobierno se preocupe por contar con mas policias y agentes de seguridad. La revuelta social que sindicatos y otros grupos vienen anunciando cuando pasen a discusion en el plenario legislativo temas sensible-TLC, fortalecimiento ICE,etc- revuelta que se esta organizando en forma simultaneanea a nivel nacional, amenaza con paralizar el país y crear serios conflictos.
¿Será que el gobierno en parte se esta preparando para mantener el orden-haciendo cumplir la ley- en esos tiempo dificiles?
Podría ser un poco de todo.