El escrutinio electoral continúa. Es de esperar que el resultado final del conteo de votos se conozca durante la próxima semana y que el Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria oficial del vencedor de la contienda unos días después. Antes deberá resolver todos los recursos que por diferentes tipos de anomalías han presentado tanto ciudadanos individuales como los partidos políticos.
Se ha dicho que las irregularidades ocurridas en estas elecciones son “normales”, es decir, que corresponden a situaciones similares a las acontecidas en procesos anteriores. Esta afirmación de la “normalidad” de las anomalías, si bien puede tranquilizar a algunos, no resulta satisfactoria en un régimen electoral donde el triunfo o la derrota puede definirse por un solo voto.
Es por ello que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una enorme responsabilidad en el reconocimiento y cómputo de los votos. Debe examinar e indagar, de manera diligente, lo ocurrido en cada una de las juntas receptoras a fin de garantizar la voluntad real de los electores. El celo y el esmero deben prevalecer sobre cualquier otra consideración.
Por su parte, los ciudadanos y los partidos políticos tienen la obligación de presentar a los magistrados la evidencia de que dispongan a fin de que estos puedan clarificar y resolver adecuadamente todas aquellas situaciones en las que puedan existir dudas o cuestionamientos. No debe desmerecerse este cometido que contribuye al resguardo de la institucionalidad y la legalidad.
Ahora bien, el hecho de que se reconozca que un proceso electoral que exige la participación de miles de personas con diferentes niveles de capacitación, así como de formalismos jurídicos y de procedimientos minuciosos tiene, por diversas razones, deficiencias “normales”, cobra especial relevancia cuando la votación resulta tan ajustada como la que estamos observando en los actuales comicios.
Si se acepta que el sistema puede tener un margen de imperfección “normal”, es decir, un porcentaje de error que difícilmente puede ser eliminado, y el cual desconocemos en su magnitud cuantitativa, ya que podría expresarse en cientos o incluso algunos miles de votos, entonces pareciera razonable, por una parte, hacer mayores esfuerzos por minimizar esos incumplimientos y, por otra, efectuar cambios normativos que eviten que el yerro, el descuido o la inexperiencia afecten la verdadera voluntad de los electores.
En ese sentido, una solución podría ser la de modificar la actual normativa a fin de que el ganador, además de requerir más del 40% de los votos válidos, también deba superar a su inmediato seguidor por un porcentaje igual o mayor al margen “normal” de anomalías observados y no solo por un voto o unos cuantos que podrían ser atribuibles a esas irregularidades difíciles de evitar.
Una modificación al Código Electoral como la sugerida evitaría en el futuro el desasosiego de situaciones como la que vivimos en estos momentos, la cual genera cierta aprensión, no por las actuaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, que merece toda la confianza y reconocimiento por su labor, sino por la naturaleza de un sistema electoral que acumula las imperfecciones de la conducta de las mismas personas que hacen posible su funcionamiento el día de las elecciones.
(La República)
Juan Manuel Villasuso | 17 de Febrero 2006
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